Hay que hacer recortes, es cierto. Cuando el presupuesto no llega es imposible seguir comprando marcas, fumando tabaco caro y bebiendo los mejores licores. Aplicado al estado, hay que suprimir todos los empleos publicos innecesarios y por tanto, sobrantes. Disminuir generalizadamente los ingresos de los funcionarios por doble via, reducción directa de sueldo e incremento de impuestos, es un parche que está lleno de ese extraño concepto llamado "justicia social".
Esto implica que, una vez más, los que más trabajan paguen las culpas de los demás sin hacer nada por cambiarlo. Apenas un pequeño paso en esa dirección, el aumento de la jornada laboral y la reducción de días de libre disposición y vacaciones (incluidos los "canosos"). Pero cuidado, porque esto último puede tener gran importancia en Sanidad y Educación donde frecuentemente estos días se usan para dar o recibir Formación por propia voluntad de los trabajadores y, en consecuencia, nuestra capacidad científica y nuestra visibilidad en este sentido, se reducirá.
De todas maneras este no es el camino. Hay que despedir lo que sobra de función publica y contratar esos servicios a través de proveedores privados para que, los mismos despedidos o aquellos que ven su sueldo recortado, puedan se recontratados o recompensados por estos recortes a menor precio para la Administración.
Pongamos un ejemplo. Los médicos amenazados de jubilación a los 65 años perderan casi la mitad de sus ingresos actuales y sus plazas no serán cubiertas, consecuencias, se reducirán los ingresos por IRPF y aumentaran las listas de espera. Si se concierta la actividad clínica con empresas privadas se reducirá el coste para la Administración y se dará una salidad a estos profesionales para recuperar su nivel adquisitivo. ¿Es mucho pensar para quienes están en el Gobierno?
