La decisión del Ministerio de Sanidad de retirar la gratuidad a los residente ilegales parece totalmente justa para cualquier persona que evalue racionalmente y sin prejuicios ideológicos la realidad. No es de recibo que si alguién entra en tu casa sin invitación, aunque no medie violencia, se convierta en tu obligación vestirlo, alimentarlo y llevarlo al médico.
La demagogia de la oposición al respecto era previsible. La que han hecho algunos profesionales sanitarios proclamando a grandes gritos que atenderían a estos enfermos, risible. No obstante queda una cuestión importante, si bien se atiende a estos pacientes en la urgencia, ¿que pasa con la asistencia a largo plazo?
Una opción racional, pero sin duda inmisericorde, sería asumir que estos pacientes deben regresar a su país quieran o no y ser atendidos allí. No obstante, la lentitud de la justicia y la abulia de las fuerzas de orden hacen que esto sea poco probable.
El problema realmente lo crea la estúpida ley de Sanidad de 1986 al eliminar la Beneficencia y excluir a las ONG de la actividad sanitaria. Hasta ese año un emigrante ilegal era atendido por la Cruz Roja habitualmente o por organizaciones religiosas, en último caso por los Hospitales Provinciales dependientes de las Diputaciones. La integración de todos estos elementos en el sistema de salud único cerró esta vía que ahora debería reabrirse lo más rapidamente posible.
Y es en estas ONG donde los médicos voluntariamente pueden atender ilegales fuera de su horario de trabajo y sin coste para el contribuyente. Hacer caridad es muy bueno, pero hacerlo con el dinero de otros no es caridad, es caradura.
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